Liberan a tres mil personas que cometieron delitos y estaban armadas

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 Liberan a tres mil personas que cometieron delitos y estaban armadas
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Foto de Internet/ Dale me gusta si apoyas a Carmen Aristegui



La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, afirmó que aproximadamente 3,000 personas detenidas entre noviembre del 2016 y junio del 2017 por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, fueron liberadas debido a las nuevas disposiciones del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

 “De 6,000 personas aproximadamente que consignaron por arma de fuego, prácticamente más de la mitad quedó libre, porque como la pena es entre cinco y 15 años, (el Poder Judicial) hace la media aritmética, y como no está tipificado que tienen que ir a la cárcel, salen en libertad. Creo que eso ha ido agravando la violencia”. 

 Entrevistada por El Economista, Wallace dijo que pidió información al Poder Judicial para probar que el nuevos Sistema de Justicia Penal provoca el aumento de la violencia, los delitos y la reincidencia. 

 “La cifra de más de 6,000 personas (detenidas por portación de armas de fuego) es de noviembre del 2016 hasta junio del 2017. 

Son con datos duros que yo conseguí por transparencia, porque cuando dicen que el alza de homicidios no tiene relación con el nuevo sistema, yo pienso que sí. 

Por eso me fui a conseguir información al Poder Judicial. “Lo ha dicho (Miguel Ángel) Mancera, y nosotros lo decimos: siempre que hay alguien armado provoca violencia. 

Si tenemos mal diseñado el sistema y estamos dejando que la gente esté armada, con una bomba o una granada, y no va a la cárcel, ¿cuál es el incentivo para no hacerlo? 

Esto es de sentido común”, comentó.



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  La activista en el tema del combate al secuestro y los delitos dijo que otro dato preocupante que obtuvo del Poder Judicial es que también entre noviembre del año pasado y junio del 2017, los jueces de Ministerio Público federal sólo pidieron la prisión preventiva en 25% de los casos de detenciones por portación de arma de uso exclusivo del Ejército. 

 “En armas, sólo 25% en el ámbito federal, los Ministerios Públicos pidieron la prisión preventiva. También hay una gran deficiencia por parte de las procuradurías en ese sentido.

 El análisis no es muy simplista, por eso digo que se ha ido complicando más (la violencia)”. Cuestionada sobre las propuestas de algunos legisladores, como el diputado César Camacho Quiroz (PRI) para que se elimine la prisión preventiva oficiosa en casos de delitos no graves, Isabel Miranda de Wallace calificó esas propuestas como una barbaridad. 

 “Me parece una barbaridad que quieran quitar la prisión preventiva oficiosa.

 No es lo mismo que un juez tenga que tomar una decisión de manera obligada (de dictar prisión preventiva oficiosa) porque así se lo dicta la ley, a que él decida la libertad, porque los jueces se sienten amedrentados; saben que está el crimen organizado sobre ellos, porque entonces el delincuente lo toma como una afrenta personal. 

Cuando ya está en la ley, el juez pone la prisión. 

Me parece que no tiene ni idea de lo que pasaría si quitan la prisión preventiva oficiosa”.

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Hasta ahora, 938 desapariciones En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) precisó que hasta el 25 de agosto pasado se tenían registros de 938 desapariciones forzadas en México.

 Ante la problemática, el comisionado ejecutivo de la CEAV, Jaime Rochín, hizo un “llamado institucional” para que se apruebe en el Congreso la ley de desaparición forzada de personas.

 “Lamentablemente, en nuestro país son muchas las familias que tienen a una persona desaparecida. Para estas madres, padres, amigos y familiares, la búsqueda y la incertidumbre son una realidad cotidiana”, afirmó. 

 El comisionado agregó que dicha ley “proveerá al Estado de herramientas sólidas para hacer frente a esta problemática”. (Con información de Héctor Molina

Con información de eleconomista.com.mx

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