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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó el fallo de un Tribunal Colegiado para resolver a favor del presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, y no ser sancionado por incumplir una sentencia de amparo cuando fue director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El pleno de la Corte resolvió a favor de la CFE anular el pago de 463 millones de pesos a la empresa Líneas de Alta Tensión SA de CV, por la cancelación de unilateral, en 2001, de un contrato por parte de la Comisión.
El pleno de la Corte resolvió a favor de la CFE anular el pago de 463 millones de pesos a la empresa Líneas de Alta Tensión SA de CV, por la cancelación de unilateral, en 2001, de un contrato por parte de la Comisión.
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La empresa privada se amparó y después de más de una década, en 2014, cuando Ochoa Reza era director de la CFE, logró que la justicia federal condenara a la CFE al pago de 463 millones 171 mil pesos, más actualizaciones y recargos por la cancelación injustificada del contrato.
El ahora presidente del PRI salió en febrero de 2016 de la CFE sin cumplir con el fallo del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. El Tribunal Colegiado también había determinado que la Corte se pronunciara respecto de la responsabilidad penal de Ochoa Reza y del entonces coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE, César Fuentes Estrada, quien era acusado de abuso de autoridad.
El ahora presidente del PRI salió en febrero de 2016 de la CFE sin cumplir con el fallo del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. El Tribunal Colegiado también había determinado que la Corte se pronunciara respecto de la responsabilidad penal de Ochoa Reza y del entonces coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE, César Fuentes Estrada, quien era acusado de abuso de autoridad.
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Fuentes Estrada es ahora subdirector en la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE.
La Corte, sin embargo, fue más allá de lo que le pidió el Tribunal Colegiado y a propuesta de la ministra Margarita Luna Ramos decidió anular el pago y devolver el expediente a los magistrados para que emitan un nuevo fallo.
Con información de proceso.com.mx
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