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Duros fueron académicos de la UNAM con el modelo educativo que impulsó este sexenio Enrique Peña Nieto, vía Aurelio Nuño en la SEP. Durante el panel en el que se debatió el tema educativo, como parte de los foros universitarios La UNAM y los desafíos de la nación, especialistas en temas de enseñanza criticaron el nuevo modelo presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su titular Aurelio Nuño Mayer, y auguraron que fracasará porque no tiene el consenso de los actores del sector.
Los investigadores de la casa de estudios señalaron que hay un déficit de tres puntos porcentuales en el presupuesto que se debería destinar al sector, que el derecho a la enseñanza no se cumple y que la evaluación no garantiza la calidad.
Imanol Ordorika, del Instituto de Investigaciones Económicas y titular de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM, subrayó que el llamado nuevo modelo educativo está condenado al fracaso. Esto porque ni es modelo ni es nuevo, porque no cuenta con el consenso de quienes lo van a aplicar (los docentes) y porque nadie tiene el compromiso político con el mismo, pues se trata de un proyecto de polarización política y social.
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Ordorika definió la reforma educativa como un engaño, un mito y un fraude. Engaño, porque nos han querido hacer creer que los problemas de la educación en México se deben a que los maestros son malos, poco comprometidos y corruptos; el mito es en la evaluación, cuando nos dicen que con base en ella se resuelve el problema, y el fraude porque hay un millón 200 mil maestros y la ley que ellos mismos hicieron los obligaría a evaluar al menos a 500 mil cada año, pero sólo lo han hecho 150 mil en este periodo, y lo siguen posponiendo para después de 2018, porque quién sabe cómo vienen las elecciones.
Javier Mendoza, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, señaló que la inversión pública en educación tiene un rezago fuerte.
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Los recursos destinados al sector en 2016 ascendieron a 1.2 billones de pesos, entre aportaciones públicas y privadas, esto es, 6.4% del PIB, pero si se considera sólo el gasto público, la cifra invertida fue de poco menos de un billón, equivalente a 5% del PIB. Esto está tres puntos porcentuales por debajo de lo que establece el artículo 25 de la Ley General de Educación, la cual mandata que el Estado (Federación, estados y municipios) debe destinar al menos 8% del PIB para el sector, señaló.
Con información de proceso.com.mx
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