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Repartió más de dos mil millones de pesos a empresas fantasma.
No existe forma de comprobar que los apoyos, cuando se dieron, realmente llegaron a los más pobres.
El día de ayer se dio a conocer la investigación realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre la existencia de 186 compañías fantasma que recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal.
Dentro de las dependencias que participaron en el desvío de recursos, con la ayuda de empresas fantasma, se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social que tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema.
La dependencia, entonces encabezada por Rosario Robles, sería la encargada de hacer llegar apoyos a las familias con pobreza alimentaria en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.
Sin embargo, no existen pruebas de que las despensas hayan sido compradas, ni forma de comprobar que los programas y beneficios hayan llegado a los más pobres, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que sólo se entregó el 7% de las despensas.
Para lograr este desvío, Sedesol firmó convenios con las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, las cuales que sirvieron de intermediarias y se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.
El día de ayer se dio a conocer la investigación realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre la existencia de 186 compañías fantasma que recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal.
Dentro de las dependencias que participaron en el desvío de recursos, con la ayuda de empresas fantasma, se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social que tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema.
La dependencia, entonces encabezada por Rosario Robles, sería la encargada de hacer llegar apoyos a las familias con pobreza alimentaria en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.
Sin embargo, no existen pruebas de que las despensas hayan sido compradas, ni forma de comprobar que los programas y beneficios hayan llegado a los más pobres, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que sólo se entregó el 7% de las despensas.
Para lograr este desvío, Sedesol firmó convenios con las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, las cuales que sirvieron de intermediarias y se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.
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De acuerdo con la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.
Animal Político detalla que poco más de dos mil millones de pesos, se entregaron a 20 empresas, de las cuales 19 presentaban irregularidades.
Sin embargo, la Sedesol, se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos por dichas empresas. De estas 20 empresas, destaca ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., la cual solo cuenta con un pequeño despacho contable ubicado en la Ciudad de México, y que recibió los recursos destinados a combatir el hambre sin firmar un solo contrato o realizar algún servicio.
ESGER fue creada en 2011 para ofrecer servicios de construcción. Su declaración de impuestos ante el SAT en 2013 muestra que solo declaró ese año ingresos por 408 millones de pesos y reportó gastos por 407 millones de pesos, pero “olvidó” declarar los 698 millones pesos que recibió de la Sedesol.
Además, se realizaba un elaborado protocolo en el que el dinero daba varias vueltas hasta llegar a manos de esta empresa, como si la intención fuera enredar el procesos a propósito para hacerlo difícil de entender.
El objetivo de los convenios que Sedesol y las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México firmaron en 2013, era “sensibilizar” a las comunidades sobre la alimentación sana, instalar ventanillas de atención para jornaleros, distribuir material en zonas marginadas y “eficientar la operación a través de la automatización de procesos”.
Estos convenios fueron por un total de mil 385 millones de pesos y las empresas contratadas fueron Servicios Administrativos Zulma, Inteligencia y Tecnología Informática, Symmetrix Architecture, Grupo Comercializador Cónclave, Advanced Computer Knowledge, Prodasa, Dumago Systems, Meve Soluciones, Evyena Servicios, S&C Constructores de Sistemas y Asesorías Nacionales Expanders.
Sin embargo, la Sedesol, se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos por dichas empresas. De estas 20 empresas, destaca ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., la cual solo cuenta con un pequeño despacho contable ubicado en la Ciudad de México, y que recibió los recursos destinados a combatir el hambre sin firmar un solo contrato o realizar algún servicio.
ESGER fue creada en 2011 para ofrecer servicios de construcción. Su declaración de impuestos ante el SAT en 2013 muestra que solo declaró ese año ingresos por 408 millones de pesos y reportó gastos por 407 millones de pesos, pero “olvidó” declarar los 698 millones pesos que recibió de la Sedesol.
Además, se realizaba un elaborado protocolo en el que el dinero daba varias vueltas hasta llegar a manos de esta empresa, como si la intención fuera enredar el procesos a propósito para hacerlo difícil de entender.
El objetivo de los convenios que Sedesol y las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México firmaron en 2013, era “sensibilizar” a las comunidades sobre la alimentación sana, instalar ventanillas de atención para jornaleros, distribuir material en zonas marginadas y “eficientar la operación a través de la automatización de procesos”.
Estos convenios fueron por un total de mil 385 millones de pesos y las empresas contratadas fueron Servicios Administrativos Zulma, Inteligencia y Tecnología Informática, Symmetrix Architecture, Grupo Comercializador Cónclave, Advanced Computer Knowledge, Prodasa, Dumago Systems, Meve Soluciones, Evyena Servicios, S&C Constructores de Sistemas y Asesorías Nacionales Expanders.
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De estas 20 empresas, 11 tienen irregularidades: tres fueron catalogadas como fantasma por el SAT en 2015, seis no tienen antecedentes ante la Secretaría de Economía y dos más ya fueron desmanteladas.
Al ser consultada por estas irregularidades ocurridas entre 2013 y 2014, la Secretaría de Desarrollo Social se deslindó de las contrataciones e informó el pasado 30 de agosto que, al firmar convenios con las Universidades, éstas declararon que contaban “con la capacidad para colaborar en los tres proyectos en los términos y porcentajes señalados en cada uno de los anexos técnicos recibidos”.
La Sedesol añadió que “los actos celebrados con la administración pública se presumen de buena fe, sin que puedan exigirse mayores requisitos de los que marque la ley”. Además ningún funcionario de primer nivel se ve involucrado en la firma de los convenios, pues la “contratación” de las universidades se la dejan a cargo de mandos medios.
No obstante, de acuerdo con el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, aunque los convenios con las universidades fueron firmados por mandos medios, tanto la titular de la dependencia como el oficial mayor debían conocer de prácticas de desvío, por tanto “ellos no firman, pero son los responsables”.
En este esquema, el oficial mayor es una figura clave: se trata del administrador de los recursos públicos y quien avala cómo se usan. En el caso de la Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles, Emilio Zebadúa ocupó dicho cargo.
Al ser consultada por estas irregularidades ocurridas entre 2013 y 2014, la Secretaría de Desarrollo Social se deslindó de las contrataciones e informó el pasado 30 de agosto que, al firmar convenios con las Universidades, éstas declararon que contaban “con la capacidad para colaborar en los tres proyectos en los términos y porcentajes señalados en cada uno de los anexos técnicos recibidos”.
La Sedesol añadió que “los actos celebrados con la administración pública se presumen de buena fe, sin que puedan exigirse mayores requisitos de los que marque la ley”. Además ningún funcionario de primer nivel se ve involucrado en la firma de los convenios, pues la “contratación” de las universidades se la dejan a cargo de mandos medios.
No obstante, de acuerdo con el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, aunque los convenios con las universidades fueron firmados por mandos medios, tanto la titular de la dependencia como el oficial mayor debían conocer de prácticas de desvío, por tanto “ellos no firman, pero son los responsables”.
En este esquema, el oficial mayor es una figura clave: se trata del administrador de los recursos públicos y quien avala cómo se usan. En el caso de la Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles, Emilio Zebadúa ocupó dicho cargo.
Con información de Animal Político y mientrastantoenmexico.mx
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