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De acuerdo al diaro Español, "La verdad de los medios" La Procuraduría General de la República (PGR) imputó a Javier Duarte el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, pero en la audiencia inicial del caso, ante el juez federal que otorgó la orden de aprehensión, solo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Es decir, menos del 10% de los recursos presuntamente desviados por el exgobernador de Veracruz, según la imputación. “Los números no cuadran, eso está claro”, fue la conclusión del juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, tras una audiencia inicial que se extendió por más de cinco horas y media.
Es decir, menos del 10% de los recursos presuntamente desviados por el exgobernador de Veracruz, según la imputación. “Los números no cuadran, eso está claro”, fue la conclusión del juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, tras una audiencia inicial que se extendió por más de cinco horas y media.
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Las inconsistencias en los señalamientos de la PGR llegaron al punto en que el juez señaló a los fiscales de exponer datos “incongruentes”, e incluso les hizo ver que las cifras se contradecían directamente con las que la propia Procuraduría le había dado hace unos meses, cuando le solicitaron la orden de aprehensión.
Aunque la audiencia era inicial y en el papel solo se presentaría la imputación, pues el debate de fondo se realizaría en la audiencia de vinculación (programada para el próximo sábado), los abogados de Duarte y el mismo exgobernador en su propia voz hicieron más de 20 preguntas (técnicamente solicitudes de aclaración) a la Procuraduría, respecto a la imputación, como es su derecho para poder armar una defensa adecuada.
Aunque la audiencia era inicial y en el papel solo se presentaría la imputación, pues el debate de fondo se realizaría en la audiencia de vinculación (programada para el próximo sábado), los abogados de Duarte y el mismo exgobernador en su propia voz hicieron más de 20 preguntas (técnicamente solicitudes de aclaración) a la Procuraduría, respecto a la imputación, como es su derecho para poder armar una defensa adecuada.
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Y fue ahí donde los fiscales cayeron en varias dudas, que luego se convirtieron en fallas y contradicciones.
“Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos”, dijo al juez federal el abogado de Duarte, Marco del Toro, luego de varias preguntas que la Procuraduría no pudo responder.
La PGR tendrá una oportunidad más de explicar a detalle los indicios con los que cuenta el próximo sábado, en la audiencia donde el juez definirá si hay datos para abrir juicio contra Duarte, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, o si lo deja en libertad. Pero en esa audiencia la defensa tendrá la oportunidad también de aportar sus propias pruebas.
El caso de la PGR
En la audiencia la PGR acusó a Duarte de “encabezar una organización criminal” que le permitió adueñarse de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, mismos que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió introducirlos al sistema financiero, para luego invertirlos en propiedades, joyas y terrenos.
El origen del caso fue una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que registró movimientos de recursos sin justificación real.
“Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos”, dijo al juez federal el abogado de Duarte, Marco del Toro, luego de varias preguntas que la Procuraduría no pudo responder.
La PGR tendrá una oportunidad más de explicar a detalle los indicios con los que cuenta el próximo sábado, en la audiencia donde el juez definirá si hay datos para abrir juicio contra Duarte, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, o si lo deja en libertad. Pero en esa audiencia la defensa tendrá la oportunidad también de aportar sus propias pruebas.
El caso de la PGR
En la audiencia la PGR acusó a Duarte de “encabezar una organización criminal” que le permitió adueñarse de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, mismos que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió introducirlos al sistema financiero, para luego invertirlos en propiedades, joyas y terrenos.
El origen del caso fue una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que registró movimientos de recursos sin justificación real.
Con información de denunciasmx.com
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