Alrededor de cien elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal de Durango, además de elementos de la policía del municipio de Mapimí, en agosto de 2012 intentaron disolver un campamento establecido frente a la mina La Platosa, de la empresa canadiense Excellon, la cual violó un contrato de renta de mil 100 hectáreas con la comunidad La Sierrita de Galeana.
Dos meses después, un grupo de sujetos con palos y piedras desalojó la protesta a golpes.
“No hubo heridos, pero sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”, afirmó el presidente del Comisariado Ejidal, Daniel Pacheco.
“Cualquier movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el Ejército nos tenía rodeados”.
Un informe de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers concluyó que aquella ocasión “las autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de Excellon”.
Daniel Pacheco contó a SinEmbargo que cuatro años después sigue recibiendo amenazas e intimidación. Le llegan mensajes de texto a su celular de ladas de Nayarit, Chihuahua y Nuevo León. “Ya déjense de chingaderas”, “dejen de estar molestando a Excellon, de todas formas van a perder”, dicen los textos.
El domingo pasado una patrulla de la Policía se estacionó frente a su casa durante la madrugada.
“No hay una mina en toda Latinoamérica que se haya retirado por daños a las comunidades. Se retiran cuando se acaba el mineral porque son empresarios. El gobierno de Canadá lo que quiere es seguir sangrando a México llevándose los minerales”, aseguró.
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Además de la violación a derechos humanos, la empresa canadiense ha contaminado con arsénico las aguas de La Sierrita, una zona desértica.
“Un estudio de la UNAM dice que hay arsénico en el agua y [que] está al límite para usarse en la agricultura. Para consumo humano está cinco veces arriba de la norma”, afirmó Pacheco.
Para abastecerse, la comunidad recurre a un pozo establecido a unos 5 kilómetros de la mina.
Tras varios años de juicio por pisotear el contrato que disponía que a cambio del arrendamiento de los terrenos la empresa tenía que pagar y dar diversos apoyos económicos a la comunidad, en noviembre el Tribunal Unitario Agrario determinó cancelarlo.
La autoridad ordenó a la minera la devolución de las mil 100 hectáreas a los ejidatarios. Sin embargo, detalló el Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de la organización ProDESC, Juan Antonio López, esto sólo puede llevarse a cabo si la comunidad paga a la empresa 5 millones 612 mil pesos por haberle causado pérdidas de 90 millones de dólares al establecer el campamento durante tres meses.
El abogado lo interpreta como una condicionante y un embargo a las tierras.
A su vez, ordenó el Tribunal, Excellon debe pagar a la Sierrita 5 millones 500 mil pesos por no haber cumplido con la construcción de una planta tratadora de agua como indicaba el contrato.
Pero de acuerdo con López fueron también otras cláusulas las que la empresa violó. Esa cantidad de dinero no representa una compensación total si se toman en cuenta los daños a la comunidad y la falta del pago de becas, fondo social y renta por las tierras que han seguido utilizando durante tres años más sin pagar, dijo.
Por cada año, la canadiense les debe 7 millones de pesos.
No es un caso aislado. De acuerdo con el informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses.
Mientras, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha registrado, de norte a sur del país, que 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas, algunas de ellas con usos y costumbres propias.
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Además de afectar su medio ambiente, se han documentado tres asesinatos, y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios.
En México, el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 casos, de los cuales la hoja de maple destaca en varios.
Estas son las mineras “amigas” señaladas por los comuneros de dañar su comunidad y cometer otros actos de agresión en su contra: Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Great Panther en Guanajuato; BlackFire en Chiapas; Torex Gold en Guerrero; Alamos Gold en Sonora; Vista Gold en Baja California Sur; Continnum Resosurces en Oaxaca, Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Fortuna Silver en Oaxaca; Araganout Gold en Baja California; Excellon en Durango; First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas; Gabfer en Colima y Samalayuca en Chihuahua.
De acuerdo con Juan Antonio López, para que una empresa minera pierda la concesión –otorgada por la Secretaría de Economía– debe haber incumplimientos a la Ley Minera: no haber cumplido con las labores de exploración o extracción; no pagar impuestos con base en sus ganancias; o emprender acciones contra la soberanía nacional, por ejemplo.
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Es sumamente importante difundir este material,cuando en campaña Peña Nieto prometía que la Reforma Energética traería grandes beneficios para el país.
