Desde el 5 de septiembre de 2013, el entonces Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, recibió autorización del Congreso local para llevar a cabo una “reestructura” o “refinanciamiento” de la deuda que había acumulado más la que generara hasta el final de ese ejercicio fiscal.
Era su tercer año de Gobierno y, una semana antes, había adquirido un crédito bursátil por 11 mil 999 millones de pesos, la operación más abultada de todas las que aparecen en su reporte de deuda pública hasta diciembre de 2015.
Esta cantidad era adicional a los 23 mil 284 millones en pasivos con los que había cerrado 2012 y que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), eran un 85.5 por ciento más que los que había recibido al iniciar su Gobierno.
Pero era también el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien un año antes había ganado la Presidencia de la República en una elección coordinada por su luego Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y apoyada sobre todo por gobernadores priistas como el chihuahuense Duarte.
La decisión tomada entonces para la ya abultada deuda pública formada en Chihuahua fue hacer una “reestructura” o “refinanciamiento” a través de un Fideicomiso Maestro que recibiría miles de millones de pesos de recursos públicos que, a su vez, servirían de garantía de pago de futuros préstamos para el mismo mandatario.
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Este esquema de “reestructura” aparece descrito en el decreto 1370 del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicado el 5 de septiembre de 2013 y que, pese al ya alto nivel de endeudamiento, autorizó a Duarte desde entonces para recibir préstamos por hasta 30 mil millones de pesos adicionales.
“Se autoriza el Ejecutivo del estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, contrate financiamiento a través del crédito público, incluyendo la emisión de valores a ser colocados en el mercado, hasta por un monto de 25 mil millones de pesos”, dice el artículo Segundo del decreto 1370.
“Se autoriza al Ejecutivo para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en su caso, contrate y ejerza financiamiento a través de crédito público (…) en adición a lo establecido en el artículo segundo, hasta por el monto de $5,000’000,000”, agrega el artículo Sexto.
El mismo documento oficial establece que la garantía o fuente de pago de estos nuevos préstamos sería “hasta el cien por ciento” de los recursos que le correspondieran a Chihuahua del Fondo General de Participaciones (FGP) del Ramo 28, y “hasta el cien por ciento de los ingresos presentes y futuros que le corresponden al estado por cualquier impuesto” estatal.
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Con estas garantías de pago, al día siguiente de la publicación del decreto, Duarte contrató otras dos emisiones bursátiles que en total le dieron acceso a otros dos mil 800 millones de pesos.
Y, el 26 de noviembre siguiente, junto con una empresa privada, constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, destinado para recibir las transferencias de los recursos federales y estatales con los que se garantizarían aún más préstamos.
Así, al día siguiente, al amparo de este nuevo Fideicomiso Maestro, Duarte contrató otros cinco préstamos (tres con Bancomer, uno con Multiva y otro con Interacciones) por otros 12 mil 624.5 millones de pesos. Y, en 2014, otros seis por siete mil 100.5 millones.
En total, de acuerdo con el más reciente reporte sobre la “Situación que guarda la deuda pública estatal” de Chihuahua, 19 mil 725.1 millones adquiridos por Duarte al amparo del mismo Fideicomiso Maestro 152 creado en la “reestructura” de su deuda.
Con informacion de Sinembargo
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