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Prometieron 43 fraccionamientos por “Ingrid” y “Manuel”. Fue hace 4 años. Han entregado 11, a medias

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Foto de Internet/ Dale me gusta si apoyas a Carmen Aristegui



Cuatro años después del paso de la tormenta tropical “Manuel” y del huracán “Ingrid”, de los 43 fraccionamientos en donde se construirían 9 mil viviendas para la reubicación de las familias damnificadas, sólo se han entregado 11, que están al 70 por ciento del total de las acciones comprometidas. 

 En los 32 fraccionamientos que faltan se construyen aproximadamente 2 mil viviendas, pero 11 siguen clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello justificó el “malestar” y la “protesta social” ante la falta de entrega de las viviendas, pero es porque originalmente se cometieron “errores de diagnóstico”, es decir, se reportaron y censaron familias con daños totales como si hubieran sido daños parciales, y ahora la dependencia está obligada a cumplirles. 

 En otros casos, no se incluyeron en el presupuesto ni en la carga de trabajo comunidades enteras a pesar de que fueron diagnosticadas como inhabitables. 

 El funcionario fue entrevistado el viernes con respecto al prolongado retraso en la entrega de las viviendas, el lento avance de los trabajos en la mayoría de los fraccionamientos que faltan por entregar y la inconformidad de las familias damnificadas por la mala calidad de las obras. 

Para el funcionario federal, “no es justo hablar del retraso por el número de fraccionamientos entregados, porque la diferencia del contenido en cada uno de ellos es variado, hay algunos desde 15 viviendas, otros de 80, algunos de 200, y hasta el más numeroso que es El Mirador de Chilpancingo, de 598 casas. Informó que a cuatro años de que inició el programa, la dependencia ha ejercido 2 mil 600 millones de pesos y que faltan por ejecutar poco menos de 400 millones, con lo que la Sedatu cumpliría los 15 acuerdos firmados para la suficiencia presupuestal y la carga de trabajo para la ejecución de las 9 mil acciones. Dice que ha cumplido el 90 por ciento de acciones y el 70 por ciento de la entrega.

   El años pasado, la Profepa clausuró las obras de las viviendas para damnificados. Foto: Bernardino Hernández, Cuartoscuro Dos de las 44 viviendas de la colonia Tierra Digna fueron clausuradas. Foto: Bernardino Hernández, Cuartoscuro 

 A pesar de que en los hechos se percibe una realidad distinta por los conflictos legales y administrativos que la dependencia ha tenido que enfrentar, y que llevaron a la clausura de 22 de los 43 fraccionamientos en 2016, así como el retraso en la entrega de las viviendas, el incumplimiento en la terminación oportuna y al 100 por ciento de los fraccionamientos, así como la mala calidad de las obras, según el delegado la dependencia ha cumplido un 90 por ciento el total de las acciones, y sólo falta la entrega total de los fraccionamientos, que en la mayoría de los casos, ya están “casi terminados”.



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  Se explicó: “la entrega física de la vivienda ronda en el 70 por ciento, pero los trabajos y los ejercicios presupuestales en la obra que no se ha entregado tiene ya un avance que supera el 90 por ciento”. Incluso dijo que en algunos fraccionamientos no entregados el avance es del 98 por ciento, “pero se necesita estar terminado al 100 para que sea entregada”. 

 Citó como ejemplo el fraccionamiento de Tixtla que estuvo clausurado 15 meses cuando ya tenía un avance del 95 por ciento, y que una vez retirado el sello de clausura sólo realizaron 45 días de trabajo y entregaron la obra.

 “En el mismo caso se encuentran la gran cantidad de obras que tenemos todavía por entregar”, pero dijo que la dependencia requiere de recursos adicionales “para hacerle frente al gasto operativo, que implica contar con una oficina para que supervise las obras que se realizan, y realice trámites administrativos y las empresas reciban sus pagos por los trabajos que realizan. 

Asimismo dijo que se requiere que esta oficina realice trámites legales a fin de que en caso de incumplimiento por parte de las constructoras, “se actúe de manera inmediata para hacer valer esos contratos”. 

Agregó que eso ha sido lo que ha retrasado el proceso de reconstrucción. “Estamos pidiendo que se le dote a esta unidad técnica de recursos necesarios para que podamos salir de ese noventa y tantos que tenemos pendiente de nuestros acuerdos, y podamos culminar la ejecución de la obra y empatar el avance físico de ejecución con la obra entregada”, mencionó. 

Y tampoco el dinero Otro de los pendientes que tiene la dependencia federal es la solución de las clausuras de 11 de un total de 22 fraccionamientos que fueron clausurados por la Profepa en 2016, por el incumplimiento en los estudios de impacto ambiental y cambio de uso de suelo. Algunos de estos fraccionamientos llevan 18 meses clausurados.

 “Hemos obtenido el retiro de los sellos de clausura en 11 de ellos en los que ya hay la posibilidad de continuar con el proceso de reconstrucción”, dijo, y aseguró que en breve retirarán los sellos de clausura en otros como el de Coyuca de Benítez “en donde ya está la vivienda lista para entregarla y con servicios de energía eléctrica y agua entubada, pero que está clausurado igual que los demás, por falta de manifestación de impacto ambiental y cambio de uso de suelo”. 

Reconoció que a su llegada no había fraccionamientos clausurados, pero sí avisos por la Profepa “y la invitación” a que Sedatu regularizara el procedimiento, pero que ante la negativa y la omisión de los procedimientos, Profepa procedió conforme a derecho a clausurar. Declaró que algunos de estos fraccionamientos tenían más de 8 meses suspendidos, por lo que sumado el tiempo de clausura tienen más de 24 meses con la obra suspendida. 

“Afortunadamente de esas 2 mil viviendas que representan los fraccionamientos no entregados no significa que tengan un cero por ciento de avance, algunos superan el 90 por ciento”, insistió.

 El delegado, quien había anunciado que antes de la primera mitad de este año había la posibilidad de entregar otros 14 fraccionamientos, ahora dijo que no cumplió la entrega “por la falta de equipo técnico para ejecutar lo necesario y concluir con los fraccionamientos”. 

Anunció que serán entregados a finales de este año y que en ellos se construyen aproximadamente mil 100 viviendas, es decir, la mitad del total que faltan por entregar.

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Entre las comunidades censadas y que falta su reubicación están Las Joyitas, municipio de Leonardo Bravo, Balsamar también de Leonardo Bravo pero que las 200 familias serán reubicadas en Eduardo Neri, y en donde aseguró que sólo falta la infraestructura de servicios. Además el fraccionamiento de Tierra Colorada, municipio de Leonardo Bravo, y Azinyahualco municipio de Chilpancingo.

 En el último caso la constructora contratada incumplió y la dependencia federal la sustituyó y presentó demanda para que regrese el recurso que, dijo el funcionario, “se le pagó en exceso” y se terminen las 90 casas de este fraccionamiento. Armenta Tello, aseguró que de las viviendas entregadas las irregularidades más graves en la ejecución de las viviendas han sido las de El Mirador, “seguramente por su magnitud y porque es el más grande”, justificó. 

 Aunque también citó el caso de Papagayo, de Juan R. 

Escudero, en donde la construcción se hizo sobre pilotes de madera y paneles, en un predio que la Profepa había diagnosticado como inhabitable. 

 En este caso la Sedatu demandó a la constructora una “reubicación de la reubicación” y adquirió un nuevo predio para volver a construir las 29 viviendas, después el fraccionamiento anterior incluso se quemó. Las familias habían rechazado vivir en ellas por lo inestable de las viviendas. “

Hay otros casos donde se construyeron viviendas de mala calidad pero hemos exigido que se corrijan, y con quienes de plano los procesos de convencimiento se han agotado hemos procedido legalmente en contra de las empresas” aseguró el delegado. Informó que actualmente hay ocho denuncias contra cinco constructoras, siete de estas denuncias son en contra de las constructoras que trabajaron en El Mirador por incumplimiento de siete contratos.

 Anunció que los resultados llevarán a que se deslinden responsabilidades, se sancione y se reintegre el recurso,

 Explicó que de manera paralela está solicitando el cobro de las fianzas para que con ese recurso se resarzan los daños. 

 Destacó que en el caso de las demandas de El Mirador por el cobro de fianzas estarían recuperando 94 millones de pesos. Armenta Tello anunció que próximamente la delegación presentará otras 12 denuncias en contra de 17 empresas ante la PGR.

 En cuanto a los servicios de salud, educación y de recreación que fueron incumplidos en El Mirador, como lo denunciaron los vecinos, el delegado dijo que no se consideró reubicaciones de estos servicios y que las reubicadas fueron las puras familias que resultaron damnificadas por “Ingrid” y “Manuel” o porque vivían en zonas de alto riesgo. 

A pesar de que en un boletín del 4 de julio de 2014 la dependencia informó que este fraccionamiento contaría con escuela, canchas de básquetbol en cada corredor, cancha principal de futbol, zonas recreativas, supermercado y “estación de autobuses”. “Errores de diagnóstico” han provocado el incumplimiento. 


 –En términos generales da la impresión de que la reconstrucción en Guerrero fue un cochinero, ¿cómo lo ve usted? –Hoy el trabajo que enfrenta la delegación es complejo por lo mal estructurado que se hicieron los trabajos.

 En el proceso de reconstrucción me he encontrado con errores de diagnóstico. Hubo comunidades erróneamente censadas, hubo a quienes se les diagnóstico como un daño menor o parcial, cuando en la realidad debieron haber sido daños totales o reubicaciones. “Ese error en el diagnóstico nos lleva a que haya presión social. 

La gente rechaza el apoyo que nosotros le estamos asignando de daño parcial o menor. 

Encontramos también comunidades que no fueron sumadas a la carga de trabajo de reconstrucción como San Vicente, de Chilpancingo, donde 578 familias fueron diagnosticadas por el Cenapred y Protección Civil con viviendas inhabitables”. 

 Argumentó que este mal diagnóstico, “contamina todo el procedimiento subsecuente y es lo que ha ocasionado estos enormes retrasos que tenemos”.

 –También les generaron falsas expectativas a los damnificados, se les dijo que iban a tener vivienda digna, que iban a vivir mejor que antes de “Manuel” e “Ingrid” y en muchos de los casos no es así.

Con información de sinembargo.m

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