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Las empresas fantasma del gobierno de EPN, así roban el dinero de los mexicanos.

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Con la ayuda de universidades estatales y mediante un complejo esquema fraudulento, 11 dependencias del gobierno federal desviaron tres mil 433 millones de pesos entre 2013 y 2014, reveló una investigación periodística publicada esta tarde por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

 Tres dependencias destacaron en aquella “estafa maestra”: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces a cargo de Rosario Robles Berlanga; Banobras, durante la administración de Alfredo del Mazo Maza –gobernador electo del Estado de México–, y Pemex, en plena gestión de Emilio Ricardo Lozoya Austin.

 En 2013 y 2014, las dependencias firmaron “convenios” con universidades estatales por siete mil 670 millones de pesos. 

Estas instituciones educativas, a su vez, tomaron comisiones –por mil millones de pesos, según la investigación– y posteriormente contrataron una cadena de empresas –muchas de ellas “fantasmas”– para supuestamente realizar los servicios.



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  Sin embargo, de los siete mil 670 millones de pesos erogados en convenios con las universidades, no se sabe dónde quedaron tres mil 433 millones de pesos.

 Y, según la investigación mencionada, 128 de las 186 empresas que fueron contratadas “no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratados, o simplemente porque no existen”. 

 Si bien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó y denunció estos esquemas fraudulentos desde hace años –en febrero de 2015, Apro documentó cómo la Sedesol de Rosario Robles desvió 845 millones de pesos con esta maniobra–, el trabajo publicado hoy permite entender la magnitud de la estafa operada desde el gobierno federal. 

 De acuerdo con el reportaje, además de la Sedesol, de Banobras y de Pemex, participaron en el fraude el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Educación Pública (SEP), de Agricultura (Sagarpa) y de Economía (SE), así como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

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Por parte de las instituciones educativas, fueron involucradas la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos (UAEMOR), la Universidad Popular de La Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México y la Universidad Tecnológica de Tabasco, así como el Instituto Técnico Superior de Comacalco.

Con información de proceso.com.mx

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