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'Si Guatemala y Brasil pudieron destituir a su presidente ¿Por qué no vamos a poder nosotros?' Difunde!!


Foto de Internet/ Dale me gusta si apoyas a Carmen Aristegui
   
 Desde que los guatemaltecos derrocaran y encarcelaran a su presidente bajo cargos de corrupción, los observadores mexicanos cada vez sienten más vergüenza de la indiscriminada impunidad que reina en su propio gobierno. 

 Lo raro es que Guatemala aparezca en las noticias mexicanas, donde gran parte de sus habitantes contempla a Centroamérica con una mezcla de sospecha y superioridad — si es que la contempla en absoluto. 

 Los guatemaltecos tomaron las calles y se manifestaron sin descanso durante la primavera y el verano, destituyeron a su presidente y le encarcelaron bajo acusaciones de corrupción. Entonces México empezó a prestar atención. Ver a los guatemaltecos echarse a las calles a protestar por la corrupción, y observar que han dejado a su presidente, Otto Pérez Molina, sin poder y entre rejas, ha desatado la envidia de los mexicanos. 

A fin de cuentas México es un país donde la impunidad es indiscriminada y en donde los políticos más poderosos son intocables. La popularidad del presidente Enrique Peña Nieto ha caído en picado por culpa de los casos de corrupción, por los escándalos de conflictos de interés y por el grotesco manejo de la investigación gubernamental sobre los 43 estudiantes desaparecidos. 

 "Si un país con deficiencias tan abismales como Guatemala en materia de Justicia […] puede hacerlo… ¿qué es lo que impide a los mexicanos llevar a cabo una limpieza que empiece por arriba?, escribió el columnista Jorge Zepeda Patterson en la publicación online Sin Embargo. 

"Si Guatemala ha podido… ¿por qué no vamos a poder nosotros?"

 Las poco halagadoras comparaciones entre ambos países evidencian las limitaciones mexicanas, donde las manifestaciones acostumbran a extinguirse y los casos de corrupción casi nunca son castigados. "México está a años luz de Guatemala en este aspecto", señaló Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Se trata de una think thank que ha investigado el impacto de la corrupción en México. 

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 En México, Peña Nieto nombró a un hombre de su confianza en febrero para que investigara las alegaciones según las que él, su mujer y su ministro de Finanzas habrían adquirido propiedades de contratistas satelitales. 

 A nadie le extraño que el auditor Virgilio Andrade, una amigo de infancia de Luis Videgaray, el ministro de Finanzas exonerara al trío el mes pasado. Andrade concluyó que los investigados no dirigieron sus negocios a los contratistas de manera ilegítima. 

Sin embargo, los detractores ridiculizaron el anuncio y lo tacharon de grotesco intento por intentar esclarecer el nombre del presidente. ¿Puede un presidente acusado de corrupción promulgar una ley anticorrupción convincentemente? En México están a punto de comprobarlo. 

 Al mismo tiempo, Guatemala acudió a los investigadores foráneos e independientes en la forma de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una institución fundada en 2013 conjuntamente entre Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco.

 La CICIG, que investiga las presuntas negligencias y presenta sus conclusiones ante los fiscales guatemaltecos, no pareció tener demasiado impacto al principio. Sin embargo, bajo el liderazgo del juez colombiano Iván Velásquez, el organismo puso a la clase política en el disparadero y empezó a denunciar escándalos de corrupción.

 Su investigación más destacada descubrió una enorme trama de corrupción aduanera a la que se bautizó como "La Línea" y que permitía a los importadores pagar sobornos por tarifas reducidas.

 La trama implicó a la entonces presidenta Roxana Baldetti y a otros miembros de la cúpula de gobierno. Baldetti fue obligada a dimitir en mayo y ahora está acusada por haber aceptado sobornos por valor de casi 4 millones de dólares. Pérez Molina también ha sido implicado en el escándalo, aunque ha desmentido todas las acusaciones vertidas en su contra.

 El éxito del CICIG EN Guatemala está provocando que los manifestantes de otros países centroamericanos hayan convocado a comisiones parecidas. En la empobrecida Honduras se cree que se llevó a cabo una malversación de los fondos de la sanidad pública por valor de 350 millones de dólares. Parte de aquel dinero sirvió para pagar la campaña del presidente Juan Orlando Hernández. 

 Por su parte, el sistema judicial mexicano ha sido incapaz de perseguir efectivamente los casos de corrupción. Además, allí la justicia puede parecer selectiva — en un escenario donde aquellos que siguen el juego de las reglas políticas disfrutan de impunidad y aquellos a los que se ve como prescindibles o convirtiéndose en enemigos (como el caso de Esther Gordillo, la líder del sindicato de profesores, que sigue encarcelada) se enfrentan a todo el peso de la ley.

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"No hay ningún partido que haya parecido particularmente interesado en finalizar esta situación, de las que se benefician de una u otra manera", escribió el profesor de ciencia José Antonio Crespo en el periódico mexicano El Universal. "Nuestras instituciones son las herencia de los regímenes autoritarios.

 Los cambios son superficiales y cualquier reforma legal queda rápidamente distorsionada". Este año México apostó por acudir a la ayuda internacional para el caso de los estudiantes desaparecidos. 

El gobierno invitó a un cuerpo llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por miembros de la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos, para investigar los ataques de Septiembre de 2014 que resultaron en la desaparición de 43 aspirantes a profesores en el estado de Guerrero. 

 Los expertos concluyeron que la investigación oficial — a la que el ex antiguo fiscal general había bautizado como "verdad histórica" — estaba llena de falsedades. La más clamorosa de todas es que la afirma que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados en un remoto vertedero de basura. 

El informe del GIEI firmado el 6 de septiembre consideraba que tal era un escenario imposible Peña Nieto tuvo que aceptar las conclusiones. Más adelante, la fiscal general de México convocó una conferencia de prensa de última hora el día 16 de septiembre. Era el día de la Independencia de México y la fiscal general aseguró que las evidencias de ADN que el gobierno azteca había enviado Austria habían permitido la identificación del segundo estudiante desaparecido.

 La soberanía es un tema espinoso en México, un país que perdió la mayor parte de sus territorios del norte durante la guerra entre México y Estados Unidos. Allí las leyes de los indígenas lo tienen todo restringido: desde quien puede aspirar a ocupar los despachos de la administración pública, a la prohibición de que los extranjeros puedan comprar propiedades en primera línea de mar o en zonas fronterizas.

 El Partido Revolucionario Internacional (PRI), la formación del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido proverbialmente sospechoso de la intervención de cualquier delegación foránea en los asuntos del gobierno mexicano. 

El sentimiento nacionalista explica, en parte, por qué el cerebro del cartel de Sinaloa, Joaquín "el Chapo" Guzmán, que escapó de un prisión de alta seguridad a través de un túnel, no fue extraditado de Estados Unidos tras su arresto de 2014. 

Con informacion de news.vice.com

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