Ante incremento de inseguridad, diez estados ampararán a quien mate en defensa propia.

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Debido al incremento de la inseguridad en el país, al menos tres Estados han regulado sus códigos penales y otros siete analizan modificaciones para que los ciudadanos puedan ser amparados por ley en caso de lesionar o matar a quien allane su casa.

 Ésta, es una respuesta populista ante la incompetencia de las autoridades para reducir los índices delictivos, aseguran expertos en seguridad y organizaciones que se oponen a los cambios en la norma. Nuevo León fue el primer estado en regular la legítima defensa. 

Su Código penal establecía que cualquiera que “rechazara” o “dañara” al agresor que allanara su casa, no incurría en ningún delito. Pero, a finales del mes de mayo, el Congreso local aprobó añadir dos nuevos supuestos, “lesionar” y “privar de la vida”.

 Ahora, de acuerdo con el código, cualquiera que dañe, lesione, o incluso mate a un asaltante será igualmente inocente.

 El 21 de junio pasado, luego de argumentar que la inseguridad se ha incrementado en la entidad, Baja California le siguió el paso a Nuevo León y se convirtió en el segundo estado en adoptar esta medida. 

 Los diputados realizaron modificaciones legales para que los ciudadanos no sean encarcelados en caso de recurrir al exceso de fuerza en defensa de su vida, su patrimonio o su familia. 

En la iniciativa se argumenta que es necesario darle al ciudadano más seguridad en la forma en que será tratado en caso de ocasionar daños al repeler un ataque.



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  “Si el Estado no tiene la capacidad de otorgarle (al ciudadano) la vigilancia y la defensa por parte de los cuerpos policiacos, debe darle la garantía de apoyarlo en las consecuencias de los actos no dolosos que pudiera ocasionar durante su defensa”, dice el documento. 

 También en junio, el 29, los diputados locales de Guanajuato aprobaron modificaciones a su Código Penal para que el habitante de una propiedad no sea castigado por las lesiones y la muerte que llegase a causar a quien allane su casa.

 “La legítima defensa no es una licencia para matar ni de venganza”, justificó la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, Arcelia González. 

 Entre los estados que quieren modificar sus códigos penales, se encuentra Tamaulipas. Allí, los empresarios han pedido una modificación legal como la que se aprobó en su vecino Nuevo León. Hugo Treviño, líder de la Cámara Nacional de Comercio, ha argumentado que se debe cambiar el Código Penal porque la disposición actual protege más al delincuente que a la víctima. 

 Asimismo, Jalisco analiza la posibilidad de nuevas modificaciones ante el incremento de la violencia. La diputada del PRI, María del Refugio Ruíz Moreno, ha anunciado que propondrá cambios al código penal para establecer que “actúa en legítima defensa quien cometa lesiones u homicidio a un intruso que realice un escalamiento o fractura de las cercas, paredes o entradas de su casa, departamento o local”.

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También en Baja California, un diputado local propone ampliar los alcances de la legítima defensa, pero a favor de los negocios comerciales. Jorge Eugenio Núñez Lozano, quien presentó la iniciativa a finales de junio, explicó que la modificación busca amparar a los comerciantes y a los empleados que quieran defenderse de una agresión o la intromisión de un delincuente, sin embargo, la propiesta no ha sido bien recibida. 

El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Genaro de la Torre, dijo que esta medida no es la respuesta a la inseguridad. “No podemos solucionar un problema de violencia con más violencia”.

 Además, en Quintana Roo el diputado Ramón Javier Padilla declaró que revisará la norma penal para analizar si se realizan cambios parecidos a los que se hicieron en Guanajuato, Baja California Sur y Guanajuato.

 Tabasco es otra de las entidades que busca las modificaciones al código penal, igual que en San Luis Potosí, donde existe una propuesta similar pero los legisladores advirtieron que antes de dictaminar la iniciativa, se someterá al debate ciudadano.

 Para Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de justicia e impunidad, la ampliación de esta figura legal no sirve para reducir la violencia, al contrario, son propuestas populistas que promueven la portación y la circulación de armas de fuego que pueden derivar en accidentes dentro del hogar. 

 “Frente a la impunidad de los gobiernos locales para castigar uno de los delitos más importantes que es el robo a casa habitación, esta es una alternativa irresponsable por parte de grupos parlamentarios o gobernantes”, dijo.

Con información de El País.

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