Tamaulipas está en “guerra civil”, dice padre de joven secuestrada desde los 18 años por Los Zetas


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Foto de Internet/ Dale me gusta si apoyas a Carmen Aristegui
   


Raquel Gutiérrez Ruiz tenía 18 años cuando desapareció el 1 de septiembre de 2011. “A plena luz del día” un grupo perteneciente a Los Zetas se la llevó en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Han pasado casi seis años de ese terrible día y su padre Guillermo Gutiérrez Riestra no ha dejado de buscarla.

 “Tamaulipas es un hoyo negro” dice el padre convertido en activista ante la falta de avance de la investigación de las autoridades sobre el caso de Raquel. 

“Las autoridades nada más levantaron un acta o sea no abrieron una investigación sino un acta, y con un acta qué es lo que haces: la archivas y la guardas”, explica el también abogado. Su analogía no carece de fundamento. 

Tamaulipas es el estado con más reportes de personas sin localizar en el país: 5 mil 657 hasta abril de este año, según los datos oficiales.

 Aunque ese “hoyo negro” se ha tragado a más personas, asegura Guillermo, quien fundó el “Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Ciudad Victoria”, mediante el que ha conocido de “más casos”. Guillermo explica que el plagio de su hija ocurrió en el contexto de la lucha entre Los Zetas y el Cártel del Golfo por controlar el estado fronterizo del norte. 

En esa guerra en la que los cárteles buscaban engrosar las filas de sus ejércitos antes que un beneficio económico en especie. 

 “En esos tiempos en esos meses se la habían pasado haciendo levantamiento de jóvenes y no era un operativo para sacar dinero porque normalmente no pedían rescate, sencillamente desaparecían los jóvenes”, rememora. Esa guerra se ha mantenido por años y hoy Gutiérrez Riestra asegura que la entidad está su

mida en un tipo de “guerra civil” con “huérfanos, desaparecidos, casas abandonadas, ranchos abandonados” y donde “las carreteras nos se pueden transitar por la noche”.



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  Sin embargo, él como otros tantos de sus compañeros se niegan a salir. “Vivimos en este estado por la necesidad de encontrar a nuestros hijos, si no desde hace mucho hubiéramos buscado otro lugar para vivir”.

 Pero el “Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Ciudad Victoria” no solo quiere encontrar a sus familiares, también los reclama con vida. 

 “Nosotros hemos priorizado la búsqueda con vida a diferencia de otros colectivos, nos solidarizamos con ellos cuando van a escavar a la sierra o a buscar fosas, pero para nosotros eso significa quitarle responsabilidad al Estado en la obligación de presentarlos con vida”, explica el padre activista. Y explica también explica que la última información fue de una compañera que también tenía un familiar desaparecido y que lo encontró muerto.

 Nos asegura que es mi hija, cómo le hace [para asegurarlo], me dice ‘es que vi la foto mil veces [de Raquel] y a la que estoy viendo es a ella’ […]. Mi hija tiene una página y se difunde mucho y donde quiera la foto es la misma“. Gutiérrez Riestra detalla que como colectivo intentan verificar que la información que les llega es real antes de convertirla en una pista. 

“Ya sabemos una especie de forma de saber si nos dicen la verdad porque cuando alguien te quiere extorsionar pues inmediatamente te pide dinero o te habla o te exagera el caso”. 

 Esa lucha diaria de los activistas por indicios sobre el paradero de sus seres queridos tiene un precio. Autoridades y crimen organizado, denuncia, lo han amenazado y espiado. No sólo a él sino a otras compañeras de viacrucis.

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El caso de Miriam Rodríguez tal vez sea una muestra del costo de la batalla contra el olvido a sus familiares en Tamaulipas. Ella fue ejecutada el pasado 10 de mayo, Día de las Madres, por personas ligadas a la desaparición y asesinato de su hija Karen Alejandra, crímenes que ella misma investigó y ayudó a llevar a parte de los responsables a la cárcel. 

 Hoy las autoridades del Gobierno de Tamaulipas reconocen que algunos de los presos que particiaron en el asesinato de Karen escaparon en marzo pasado del penal de Ciudad Victoria también dieron muerte a su madre. 

 Este asesinato puso en los medios la situación en la que por años, dice Guillermo, han tenido que trabajar y sobrevivir. Y en estos últimos días ha fortalecido su lucha por no sumar su nombre a la lista de padres que mataron en el camino de encontrar a su hijo, como ocurrió con el caso de José de Jesús Jiménez Gaona (2016) y Nepomuceno Moreno Núñez (2011). 

 El litigante logró que el Gobierno de Tamaulipas asignara un escolta a él y a cada una de sus compañeras. Y ahora en la Ciudad de México intenta convencer al Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del Gobierno federal, que le asigne protección también en su trabajo y traslados, además de cámaras de vigilancia y un botón de pánico.

 “La evaluación que hacen se basa en una entrevista y en una visita de un día de su personal a Ciudad Victoria, o sea es insuficiente. Yo estuve aquí 20 días para dar más elementos de los riesgos que se corren allá y si ellos lo evalúan como riesgos menores, obvio que las medidas van a ser insuficientes. 

En el caso de la compañera Miriam, ella fue asesinada llegando a su casa, si ella hubiera tenidos un escolta o dos le hubieran podido salvar la vida”.

 Y agrega: “los antecedentes de Tamaulipas no son exagerados, y el Gobierno federal debe otorgar esas medidas”.

Con información de .sinembargo.mx

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