Exgobernadores prófugos son los “arquitectos del financiamiento mafioso de las campañas electorales”: Buscaglia


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Además de Yarrington, hay otros que aún son buscados por las autoridades Señalan que los gobernadores corruptos del PRI son “los principales arquitectos del financiamiento mafioso de las campañas electorales” Después de 12 años de dejar la gubernatura de Tamaulipas, Tomás Yarrington, prófugo de la justicia en México y Estados Unidos al estar acusado de lavado de dinero y de tener vínculos con el crimen organizado, fue capturado en Florencia, Italia. 

 Según diferentes analistas, la tardanza en la captura anunciada por la Procuraduría General de la República (PGR), es un indicador de la falta de voluntad que tienen las autoridades mexicanas por detener a uno de los suyos, ya que éste podría contar con información que podría afectar a otros políticos corruptos.

 La administración de Yarrington en Tamaulipas abarca de 1999 hasta 2005, quien bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presuntamente aceptó sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, grupos del crimen organizado que azotaron el estado dejando miles de muertos, desaparecidos, miedo en la sociedad y medios de comunicación censurados, además de un cementerio clandestino en el noroeste del país. 

 Alberto Elías Beltrán, quien es el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la fiscalía federal, explicó que el arresto fue hecho por las autoridades italianas gracias a la información proporcionada por México y Estados Unidos, países que esperan la extradición del exgobernador, aunque será Italia quien decida el país a quien será entregado.



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 A pesar de ser buscado desde 2012, en noviembre de 2016 el gobierno ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por información que sirviera para su captura. Destaca que en ese mismo año, el exgobernador aún contaba con escoltas que habían sido asignados por la fiscalía de Tamaulipas, indicó en entrevista con Carmen Aristegui, Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador del estado y primer mandatario de esta región que surge del partido opositor, el PAN. 

 El FBI, por su parte, lo buscaba desde 2013 por los delitos de lavado de dinero y fraude, lo cual fue negado por sus abogados. Estados Unidos lo señaló por recibir dinero de narcotraficantes que operaban en Texas sólo por dejarlos operar en el estado que gobernaba. También lo acusan de traficar “grandes cantidades de cocaína” de 2007 a 2009 desde Veracruz hasta Tamaulipas, usando recursos públicos robados. 

 Pese a que era buscado desde 2012, no fue hasta cuatro años después que el PRI lo expulsó del partido, lo cual se dio por “vulnerar sistemáticamente los estatutos del partido, el código de ética y cometer actos de falta de probidad durante su gestión al ser señalado como autor de diversos actos de corrupción y, en consecuencia, haber afectado la imagen del PRI”.

 Esto fue criticado por expertos en crimen organizado, quienes acusan que la detención tiene tintes políticos, ya que hay elecciones en tres estados y el año que viene se vota por un nuevo presidente, lo cual puede ser utilizado por el gobierno para presumir acciones contra la corrupción. Cabe señalar que aún existen otros dos exgobernadores prófugos de la justicia: Javier Duarte, de Veracruz y César Duarte, de Chihuahua, quienes gobernaron durante el mismo periodo sus respectivos estados.

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Para el consultor internacional y experto en crimen organizado, Edgardo Buscaglia, este tipo de protección para los gobernadores sobrepasa los partidos, ya que son “señores feudales, intocables, a veces con más poder que el Presidente de la República”. Dice que son “los principales arquitectos del financiamiento mafioso de las campañas electorales”, al desviar dinero público.

 “Cuando se vuelven impresentables (para la opinión pública) y bajo presión internacional, la Procuraduría General de la República actúa, pero estos gobernadores tienen mucha información con la que caería la mitad de la clase política como sucedió en Italia o Colombia”, comentó en entrevista con AP. Justamente por ese motivo, acusó, a los gobernadores no se les encarcela en cuanto tienen una orden de aprehensión en su contra, ya que “comenzarían a revelar información y comenzaría a generarse un efecto dominó”.

Con información de sinembargo.mx

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