De las 20 observaciones que le hicieron al estado, sólo resolvieron tres
Las irregularidades presupuestales se detectaron en programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas o el de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Regionales
La administración del gobernador Eruviel Ávila “desapareció” mil 943 millones 130 mil pesos que recibió para fondos y programas federales durante 2015.
Esto se dio a conocer gracias a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una análisis de la Cuenta Pública de dicho año, asegurando que de los 10 mil 529 millones 453 mil pesos que recibió, el Estado de México no pudo demostrar el destino del 18.5 por ciento. Además, el dictamen señala que de las 20 observaciones que se detectaron en el entidad, solamente fueron solventadas tres de ellas.
Esto se dio a conocer gracias a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una análisis de la Cuenta Pública de dicho año, asegurando que de los 10 mil 529 millones 453 mil pesos que recibió, el Estado de México no pudo demostrar el destino del 18.5 por ciento. Además, el dictamen señala que de las 20 observaciones que se detectaron en el entidad, solamente fueron solventadas tres de ellas.
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De las otras, seis fueron recomendaciones, nueve solicitudes de aclaración, cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.
Por ello, la ASF fiscalizó y verificó la gestión financiera de los recursos transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, al de Tratamiento de Aguas Residuales, el de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Regionales, así como a los fondos Metropolitano y de Contingencias Económicas.
La finalidad de esto era comprobar que las inversiones se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, señaló el documento. “Respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el gobierno del Estado de México no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, informaron.
La finalidad de esto era comprobar que las inversiones se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, señaló el documento. “Respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el gobierno del Estado de México no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, informaron.
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La Auditoría destacó la revisión de los cuatro Convenios para el Otorgamiento de Subsidios de Programas Regionales del 2015 por un monto de 671 millones 464 mil pesos.
Por esto, se generó un pliego de observaciones, ya que se presume un posible daño al erario de 471 millones 464 mil pesos.
“Sin acreditar documental, contable, financiera, administrativa y presupuestalmente el destino, la aplicación y la erogación de dichos importes, por lo que no se generaron rendimientos financieros en las mismas”, señalaron.
Diferentes especialistas señalaron que las irregularidades detectadas por la ASF en varios de los programas del Estado de México son un caso de “jineteo” de recursos “Toman los recursos públicos, los meten a una cuenta bancaria o a una inversión financiera por seis meses o más, después los regresan a las cuentas del estado y, desde luego, se quedan con las ganancias”, informó Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Para Marco Cancino, director general de la organización Inteligencia Pública, dijo que las ganancias que se pueden obtener por este tipo de prácticas son muy elevadas y las consecuencias que podrían generar son casi nulas.
Diferentes especialistas señalaron que las irregularidades detectadas por la ASF en varios de los programas del Estado de México son un caso de “jineteo” de recursos “Toman los recursos públicos, los meten a una cuenta bancaria o a una inversión financiera por seis meses o más, después los regresan a las cuentas del estado y, desde luego, se quedan con las ganancias”, informó Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Para Marco Cancino, director general de la organización Inteligencia Pública, dijo que las ganancias que se pueden obtener por este tipo de prácticas son muy elevadas y las consecuencias que podrían generar son casi nulas.
Con información de reforma.com
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