Diputados pagaron millonaria renta de autos híbridos… que no usan


Foto de Internet/ Dale me gusta si apoyas a Carmen Aristegui
 

La Cámara de diputados arrumbó algunos de los vehículos híbridos que rentó con una cifra de más de 29 millones de pesos, para los diputados. Los diputados del Congreso de la Unión mal gastan el dinero de la renta de los vehículos híbridos que arrendó para el uso de los congresistas y que no usan.

 Al menos 20 de los 80 vehículos Toyota Prius 2016, que están en renta desde agosto del 2016, están empolvados y estacionados al aire libre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La renta mensual de cada vehículo es de 15 mil 520 pesos, por los que la Cámara de Diputados ha pagado a la fecha mil 800 millones de pesos por unidades que tiene estacionadas.



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 Al rentar la flotilla, se informó que los vehículos serían para el uso de los 56 diputados presidentes de las Comisiones ordinarias de la Cámara y que los 24 restantes se asignarían proporcionalmente a cada grupo parlamentario. Desde que se dio la noticia de la renta, los grupos parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano rechazaron el beneficio, pero a meses desde la renta de los automóviles, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, criticó. 

 “El Poder Legislativo hace el negocio a la hora de la renta; ya si se usan o no se usan no les importa a ellos porque ya hicieron el negocio. Creo que es muy preocupante el nivel de desfachatez y de cinismo”, dijo. Mientras tanto, coordinadores parlamentarios se deslindaron del desperdicio y apuntaron a la Secretaría Diputados, cuyo responsable es Mauricio Farah, como responsable de la medida.

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La renta de los 80 vehículos se dio mediante una licitación con el argumento de que había un déficit de 230 autos para los diputados, con el contrato se benefició a la empressa Jet Van Car Rental, SA de CV, y seguiría en pie hasta agosto de 2018, con una inversión de 29.7 millones de pesos. Según el contrato, éste se podría dar por terminado con antelación cuando “por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio contratado y se demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño y perjuicio a la Cámara”.

Con información de reforma.com

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