Ciudadanos convocan por medio de las redes sociales a tomar las instalaciones de San Lázaro para impedir aprobación de ley de “seguridad interior” que propone militarizar las calles para evitar manifestaciones.
Las prioridades de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, en el periodo ordinario de sesiones que hoy inicia, es la Ley de Seguridad Interior, para regular a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la reducción de legisladores, la revisión del salario mínimo y la legalización de la marihuana con fines medicinales y científicos.
Confirmó lo anterior el coordinador de la bancada priísta, César Camacho Quiroz, quien mencionó que el Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Marina Armada, gozan de una reputación merecida y por lo tanto, se les debe otorgar una legislación suficiente, una norma jurídica que justifique y legitime su intervención sobre todo, en el combate al crimen organizado.
Al concluir la reunión plenaria del Revolucionario Institucional del recinto deliberativo de San Lázaro y dar conclusiones de la misma, expuso que los representantes populares retomarán los temas que quedaron pendientes en el anterior periodo de sesiones ordinarias, en particular los relacionados con las leyes contra la tortura y la trata de personas, así como el nombramiento de contralores de los órganos constitucionales autónomos.
En presencia de los representantes de los medios de comunicación, expuso que la agenda se divide en cuatro ámbitos: política interior, política económica, política social y política internacional.
Resulta que en materia de política interior, el PRI buscará dictaminar la Ley de Seguridad Interior, que regulará la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, considerando todas las iniciativas que haya al respecto en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
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Camacho Quiroz indicó que se buscará que se expida la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, e Inhumanos o Degradantes, cuya minuta del Senado no se llevó al pleno de la Cámara de Diputados en el pasado periodo ordinario.
Se plantea concretar las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Una segunda ronda de reformas en materia de justicia penal y derechos humanos, encaminados a mejorar el marco normativo del nuevo sistema de justicia penal acusatorio-adversarial y oral, también figura en su agenda.
El grupo parlamentario del PRI insistirá en la propuesta de reforma constitucional para reducir el número de legisladores en el Senado y en la Cámara de Diputados, de tal manera que se eliminen 32 senadores y 100 diputados plurinominales.
Otro aspecto es el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos, tales como las comisiones Federal de Competencia Económica (Cofece) y Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, de los institutos Federal de Telcomunicaciones (IFT), Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
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El diputado César Camacho indicó que la elección de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la designación del comisario de Petróleos Mexicanos (Pemex), es otro pendiente.
Mencionó que también se buscará la aprobación de una minuta del Senado que completa un bloque denominado de justicia cotidiana, la cual considera una reforma constitucional en materia procesal, civil y familiar.
En materia de combarte a la corrupción, se abordará lo relacionado con la expedición de la Ley General de Archivos, y las reformas a las leyes Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En el ámbito de la política económica, el grupo parlamentario del PRI impulsará reformas a varios ordenamientos jurídicos para que exista un salario mínimo que sea justo y suficiente.
Por lo que hace a política social, se analizará la minuta del Senado que modifica la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, sobre la regulación del uso de la marihuana con fines medicinales y científicos.
Asimismo, se promoverá la creación de una Ley General de Cultura.
Mientras que, en política internacional, se examinará integralmente la Ley del Servicio Exterior Mexicano, sin desconocer que es al Senado al que le corresponde el análisis de las leyes en materia de política exterior, por lo cual se mantendrá una comunicación con esa Cámara.
También será objeto de revisión la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a fin de adecuarla a los compromisos de implementación de los objetivos del desarrollo sustentable.
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