Juzgar y encarcelar a los ex gobernadores acusados de desfalco a las arcas públicas, corrupción y otros delitos, puede aminorar el daño al debilitado Estado de Derecho mexicano, aunque no la imagen del Presidente y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), plantearon analistas consultados por SinEmbargo.
El encarcelamiento del Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), es un avance y envía a la opinión pública el mensaje de que el Gobierno podría actuar con mano dura contra los ex mandatarios.
Además de Padrés, los casos de desfalco a las finanzas públicas de los ex mandatarios del PRI no han dejado de surgir. No sólo se trata de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz, actualmente prófugo; sino de César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; José Herrera Caldera, de Durango, quien hace unos día se amparó ante una posible orden de aprehensión, y Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León.
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Lorenzo Meyer Cossío, historiador y politólogo de El Colegio de México (Colmex), dijo en entrevista que el encarcelar a los ex gobernadores puede contrarrestar el proceso de desgaste del Estado de Derecho, pero es imposible revertir el daño en lo que resta del sexenio.
“Porque la verdadera política en contra se debió hacer no cuando eran ex gobernadores sino cuando eran gobernadores, cuando estaban en el ejercicio del poder y la maquinaria de fiscalización del Gobierno ya tenía los elementos para proceder en su contra. La Auditoría Superior de la Federación [ASF] había documentado parte de la corrupción, del mal manejo que se daba en los estados”, explicó Meyer Cossío.
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El politólogo agregó que los ejercicios de los ex gobernadores priistas, incluidos los hermanos Humberto y Rubén Moreira en Coahuila, quedarán marcados en la historia por la inacción del Gobierno federal y por un “dejar hacer, dejar pasar”.
“Supongamos, que ahora en los dos últimos años Peña Nieto dice: ‘me las van a pagar’. Suena un poco tarde para realmente restaurar o crear confianza. Quizás creará un mínimo de confianza en que la estructura institucional sí funciona, pero no se puede borrar el hecho de que durante cuatro años no hizo nada.
Lo que se sospecha, pero con ciertas bases, es que esos gobiernos le dieron recursos a Peña Nieto para su campaña de 2012. Tener la información y no hacer nada es abdicar de su obligación, es no hacer justicia, es hacerse cómplice”, consideró Meyer.
Con informacion de sin embargo
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